El pasado 22 de febrero se realizó el primer Plenario Nacional del 2022 de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD). El objetivo del encuentro fue definir colectivamente una agenda de temas y acciones en relación a la plena vigencia del derecho humano a la comunicación.
Participaron del plenario representantes de CTERA, Satsaid, SiPreBA, Fatpren, Foetra, CONADU, Secretaría de Medios Públicos de Marcos Paz, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, FARCO, ARUNA, Colectivo Más Democracia (Córdoba), Arecia, Conta, UCAYA, Barricada TV, Pares TV, AATECO, y CADyPBA, entre otros colectivos vinculados.
Durante el plenario, que se realizó en forma virtual, se valorizó el camino recorrido para lograr la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la ley de construcción democrática y participativa, y la vigencia de sus postulados, gravemente afectados por el macrismo con normativas que aún están vigentes.
Se analizaron los problemas derivados de la concentración mediática y la ausencia de políticas activas para el fomento del pluralismo y la diversidad informativa, coincidiendo en que ello daña a la democracia y el derecho social a la información.
Sobre esa base se propuso poner en consideración un plan de acción y realizar un encuentro nacional presencial durante el mes de mayo, probablemente el 17, que es el Día Internacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, con el objetivo de consensuar un plan de acción para el 2022, así como ampliar las alianzas con todos los actores de la comunicación y la cultura.
Durante el encuentro, se debatieron distintos ejes y propuestas que conformarán la agenda 2022 de la Coalición por una Comunicación Democrática, y posibles consignas convocantes como: “Con unos pocos controlando la información la Democracia no es posible”, y "El modelo de comunicación sigue dominado por los decretos de Macri”.
La Coalición por una Comunicación Democrática, nacida en 2004, es un espacio organizativo pluralista, horizontal y federal en el que confluyeron más de 300 organizaciones del pueblo para dar impulso a la ley de medios audiovisuales de la democracia, lo que se concretó en 2009 con la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.